La Junta de Gobierno Provincial, en su reunión del pasado 29 de septiembre, acordó (con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de XAV y Vox) el inicio de acciones judiciales contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, publicada en el BOE del 27 de marzo, que descarta la conexión de Ávila por la autovía A-50 con la autovía del Noroeste (A-6), por “falta de rentabilidad económica”. El 13 de junio, el presidente ya había formulado un requerimiento previo al Ministerio para impugnar la resolución, pero el departamento gubernamental lo desestimó, lo que agotó la vía administrativa.

“Ahora abrimos definitivamente esta vía contencioso-administrativa para defender los intereses de los abulenses, tanto de los de la provincia como de los de la capital, y confiamos en la labor de la Justicia para que se pare este nuevo agravio a Ávila por parte de un Gobierno que no duda en usar informes sesgados, incompletos e insostenibles para respaldar una decisión que lastra nuestro futuro”, asevera García. El Ministerio tiene ahora veinte días para remitir al órgano judicial los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado por la Institución provincial.

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