“Los municipios estamos sosteniendo España sin una financiación justa y sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023, lo que tiene consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos”, subraya García, que lamenta que, “en Ávila y en otras muchas provincias españolas algunos servicios no se pueden prestar, no porque los vecinos no lo requieran, sino porque el sistema de financiación local es insuficiente”. Hasta que culmine ese proceso, considera necesario que el Gobierno de España “actualice, de manera urgente, las entregas a cuenta a las entidades locales, que permanecen congeladas”.

En referencia a la gestión presupuestaria, insta a la revisión del uso de los remanentes y superávits, para que puedan ser aplicados en su totalidad sin que computen en la regla de gasto. En este sentido, García reitera que una financiación justa para las entidades locales “es imprescindible para garantizar la igualdad de los ciudadanos, por lo que se trata de una cuestión que no admite más retrasos”.

Las dificultades que afronta el municipalismo rural han estado en el foco de la reunión, pues es el que ha de asumir la prestación de determinados servicios con el mismo presupuesto de hace diez años, o el de los territorios como Ávila, equiparable en el aumento de población estival al de zonas costeras, que ven cómo los costes de servicios de limpieza o seguridad se disparan, pero se calculan con la población empadronada en el mes de enero.

“Hay alcaldes en este país que piden créditos para pagar nóminas y que renuncian a proyectos de futuro porque tienen que tapar los agujeros del presente”, señala, para añadir que “las diputaciones no somos una administración de segundo orden, sino una garantía de cohesión territorial, y quienes evitan que haya municipios de primera y de segunda o garantizan que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad”.

Una normativa adaptada a la realidad de las diputaciones provinciales

La reunión ha valorado aspectos concretos para adaptar la normativa estatal a la realidad del trabajo de las diputaciones provinciales. Por ejemplo, eleva una propuesta de modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para que se incluya una regulación expresa de la colaboración de las diputaciones con los ayuntamientos para la gestión y mejora técnica de expedientes municipales sujetos a informes sectoriales.

Carlos García destaca que “supone llevar a la Ley lo que ya forma parte de nuestra actividad, como el apoyo que realiza nuestro Servicio de Asistencia a Municipios a todos los ayuntamientos”. La inclusión de esta medida incrementaría la seguridad jurídica de la actuación de las entidades locales.

Del mismo modo, se plantea una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que las diputaciones puedan crear y gestionar fondos sin personalidad jurídica de naturaleza presupuestaria. Se trata de una herramienta que facilitaría la gestión de proyectos que reciben fondos de diferentes administraciones o sectores.

Por último, el presidente de la Institución provincial abulense demanda al Gobierno de España que tramite “de una vez por todas” el Estatuto Básico del Pequeño Municipio. Este texto, que todavía no ha visto la luz, es esencial para adaptar la actividad administrativa a la vida diaria de la gran mayoría de ayuntamientos de nuestra provincia.

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